Amnistía Internacional contra la criminalización del BDS

Recientemente, el gobierno británico ha aprobado una directiva que prohíbe a determinadas instituciones públicas adherirse a la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS), un movimiento pacífico que lucha contra el apartheid israelí. Peter Frankental, Director del Programa de Relaciones Económicas de Amnistía Internacional, ha criticado duramente esta directiva en un artículo publicado en The Guardian. Aquí tenéis una traducción del mismo. Podéis leer el original aquí.

Criminalizar el boicot ayudará a prosperar a las empresas no éticas

Un boicot es una forma muy británica de protesta. Es la acción mediante la inacción. Durante décadas, los boicots han sido usados con éxito para expresar rechazo contra innumerables gobiernos, regímenes, particulares y empresas. El boicot contra el apartheid en Sudáfrica es reconocido por haber contribuido a la desaparición de un un sistema racista y violento. Muchas marcas o gobiernos – desde la Junta de Burma a Nestlé – han sentido la fuerza del poder de un boicot durante años.

No es muy sorprendente, por tanto, que la especulación respecto a un anuncio inminente del gobierno sobre la criminalización de ciertos tipos de boicot comercial aplicados por autoridades públicas – incluyendo instituciones tan diversas como servicios nacionales de salud y sindicatos de estudiantes – haya provocado consternación. Este tipo de legislación puede tener enormes consecuencias sobre la capacidad de los británicos para ejercer ese poder.

Como poco, este tipo de legislación minará la capacidad de las instituciones públicas de implementar políticas éticas. Esto entraría en contradicción con una directiva europea que requiere de forma explícita a sus estados miembros tener en cuenta un amplio abanico de consideraciones en materia social y medioambiental a la hora de adquirir bienes y servicios para el sector público.

Independientemente de cómo el gobierno estructure esta legislación, esta tendrá un efecto pavoroso sobre los funcionarios que tienen que llevar a cabo estas adquisiciones. Siempre pecarán de precavidos para evitar correr el riesgo de cometer una infracción penal o de encarar acciones legales por parte de las compañías que hayan sido excluidas por estar fuera de determinados estándares de conducta ética.

En un momento en el que la preocupación pública sobre el impacto de las prácticas empresariales no éticas es tan alta, es más importante que nunca que las compañías tengan en cuenta que pueden perder contratos si no cumplen ciertos estándares internacionales. De otro modo, el gobierno está creando el riesgo moral de que empresas responsables éticamente pierdan oportunidades de negocio a manos de empresas no éticas que venden más barato que ellas.

Si esto no es suficiente, estas nuevas medidas parecen atentar contra las políticas y legislación gubernamentales existentes – como la reciente Ley contra la Esclavitud Moderna, que requiere a las compañías hacer públicas las medidas que implementan para erradicar la esclavitud y el tráfico humano en cualquier aspecto de su actividad empresarial. El objetivo de esta disposición es permitir a los compradores tomar decisiones sobre la base de las acciones que las empresas emprenden contra la esclavitud. No tiene ningún sentido que a las organizaciones del sector público se les prohíba tomar esas decisiones.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos en los que compañías radicadas en el Reino Unido han causado o contribuido a abusos de los Derechos Humanos en otros países. Mediante su inacción, y atando las manos de organismos públicos impidiéndoles tomar decisiones éticas sobre a quién comprar bienes y servicios, el gobierno está facilitando una situación en la que corporaciones multinacionales operan en estándares inaceptablemente bajos. Especialmente en países en los que el principio de legalidad o el control nacional son débiles.

Aunque que la motivación del gobierno puede ser proteger el comercio con ciertos países, como Israel, y con ciertas industrias que han sido objeto de llamadas al boicot, como fabricantes de armas, hay un riesgo de que esta medida draconiana pueda minar el principio de legalidad desalentando a las autoridades locales a dar efecto a los estándares internacionales a los que el reino Unido, en principio, está obligado.

Por ejemplo, de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la política de Israel de asentar a sus civiles en Cisjordania es ilegal. La actividad de colonización continuada atenta contra la legislación internacional, ocasiona violaciones de los derechos humanos y humillaciones diarias a los Palestinos, y sabotea las expectativas de alcanzar una resolución equitativa y duradera entre el ejército israelí y los grupos armados palestinos. El gobierno debe aceptar realidades como estas en lugar de impedir que lo hagan las instituciones públicas.

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